¡$12 mil millones! El “agujero fiscal” que dejó la ex subsecretaria de Boric
¿Qué pasó? No es un error administrativo; es un patrón. Una querella criminal por un presunto fraude al fisco de $12.000 millones apunta a la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Mientras la calle exige seguridad, el dinero público parece diluirse en una maquinaria de uso político y despilfarro que ya es marca registrada de la administración saliente.
La cifra del escándalo: $12.000 millones
La acción judicial presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía es clara. Se acusa una pérdida patrimonial gigantesca en una de las carteras más sensibles. El monto, $12.000 millones, representa recursos que debieron blindar los barrios y que hoy están bajo la lupa por pagos irregulares y servicios fantasma.
Este no es un caso aislado. Se suma a una cronología de escándalos que han marcado la gestión de Boric, reforzando la tesis de que el oficialismo llegó a capturar el aparato público antes que a gestionarlo con eficiencia.
El patrón de la “Captura del Estado”
La querella describe un ecosistema de contrataciones políticas y asesorías de dudosa ejecución. Para el ciudadano de a pie, la lectura es simple: mientras te dicen que no hay recursos para más patrullajes, miles de millones se mueven en la oscuridad burocrática.
Carolina Leitao, quien saltó de la alcaldía de Peñalolén a la seguridad nacional, queda en el centro de un incendio que reactiva las críticas sobre la ética del Frente Amplio y el Socialismo Democrático. El “hambre de poder” parece haberle ganado a la urgencia de la seguridad.
¿Prioridad pública o caja pagadora?
La crítica desde sectores civiles y políticos es feroz. Se acusa que la Subsecretaría se convirtió en una caja pagadora para operadores políticos. La brecha entre el discurso de probidad y la realidad judicial es hoy un abismo de 12 mil millones de pesos.
El gobierno saliente enfrenta nuevamente la misma pregunta: ¿Dónde está el dinero? La respuesta, por ahora, solo la tienen los tribunales y una red de fundaciones y asesorías que sigue desangrando las arcas fiscales.
El problema no es solo la cifra, es el cinismo institucional. Cuando el dinero destinado a protegerte se convierte en el botín de una facción política, el Estado deja de ser la solución para convertirse en cómplice. ¿Hasta cuándo el contribuyente financiará la curva de aprendizaje y el despilfarro de una generación que prometió cambiarlo todo?