#AhoraLeTocaALosJueces: Impunidad en el sistema judicial enciende las alarmas
La ley es dura para el ciudadano común, pero flexible para quienes la administran.
Una profunda indignación ha generado en la opinión pública la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de absolver al polémico juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, en un sumario administrativo por el uso irregular de licencias médicas. La resolución no solo ha causado sorpresa, sino que eleva la presión directa hacia la Corte Suprema, que ahora deberá revisar los criterios de sanción y control interno dentro del Poder Judicial.
El caso cobra especial gravedad ante los antecedentes expuestos: se cuestiona que, mientras se encontraba bajo licencia médica y percibiendo su sueldo financiado por todos los chilenos, el magistrado habría realizado viajes al extranjero. Mientras cualquier trabajador del sector privado o público en Chile arriesga severas sanciones, el rechazo de sus licencias por el Compín o incluso el despido inmediato por no cumplir con el reposo legal, ciertos integrantes del sistema judicial parecen contar con una red de protección institucional que los deja blindados ante la fiscalización común. ¿Por qué el ciudadano de a pie debe responder estrictamente ante la norma mientras quienes dictan las sentencias gozan de este nivel de laxitud?
El historial del “activismo judicial” y la puerta giratoria
La absolución del juez Urrutia vuelve a poner sobre la mesa las agudas críticas hacia lo que diversos sectores denominan “activismo judicial” o “jueces octubristas”. No se puede olvidar que Urrutia fue una figura emblemática durante el estallido social: en marzo de 2020, de forma polémica, se autoasignó una causa y ordenó la liberación inmediata de 13 imputados vinculados a la denominada “primera línea”.
Para los analistas y críticos del sistema, este tipo de resoluciones ideologizadas no solo debilitan la seguridad pública al alimentar una constante puerta giratoria de impunidad para la delincuencia, sino que destruyen activamente la confianza depositada en los tribunales. La ciudadanía exige magistrados probos, objetivos e imparciales, que apliquen el derecho sin sesgos políticos y que, sobre todo, sean los primeros en dar el ejemplo en el cumplimiento de la ley. La revisión de este caso por parte del máximo tribunal será clave para determinar si en Chile la justicia sigue siendo verdaderamente igual para todos.