Firme contra el vandalismo: 74% aprueba Registro Único de Vándalos y pérdida de bonos para destructores
El último sondeo expone el endurecimiento de la opinión pública frente a los destrozos en la infraestructura pública y la violencia. Ciudadanos exigen suspender beneficios fiscales a quienes participen en actos vandálicos.
Un contundente respaldo a la implementación de medidas severas contra quienes cometan actos de violencia y destrozos en la vía pública reveló la última encuesta Criteria. El estudio expone una clara disposición de la ciudadanía a favor de herramientas de control más estrictas y sanciones directas que involucren el retiro de beneficios otorgados por el Estado.
De acuerdo con el sondeo, la propuesta de crear un Registro Único de Vándalos cuenta con una masiva aprobación del 74% entre los encuestados. Esta herramienta funcionaría de manera similar a otros registros públicos de infractores, permitiendo un seguimiento formal de los involucrados en desórdenes.
Sanciones económicas y pérdida de beneficios estatales
El punto más álgido del estudio aborda el destino de las ayudas fiscales para quienes resulten responsables de estos delitos. Ante la consulta sobre si el Estado debería suspender o inhabilitar de beneficios sociales —como bonos, subsidios o gratuidad en educación— a personas que participen activamente en destrozos a la infraestructura pública, el respaldo ciudadano también se posicionó firmemente en un 74%.
Esta cifra refleja un cambio profundo en las prioridades de la opinión pública, donde la condena a la violencia y el resguardo de los bienes comunes (como el transporte público, luminarias y mobiliario urbano) superan los criterios tradicionales de asignación de políticas de bienestar social.
El debate sobre el orden público
El informe de Criteria llega en un momento de constante debate político y legislativo respecto a las facultades de las fuerzas de orden y las herramientas con las que cuenta el Estado para perseguir penal y económicamente a quienes destruyen el espacio público.
Analistas señalan que este alto porcentaje de aprobación transversal presiona directamente a los legisladores para avanzar en proyectos de ley que busquen endurecer las penas accesorias, vinculando el comportamiento cívico con la elegibilidad para recibir fondos y soportes públicos.